Los defensores del control de la libertad de expresión actúan por todos los medios, directos e indirectos, para conseguir aprobar instrumentos de presión sobre la prensa que puedan ser utilizados conforme a los intereses de los dirigentes de turno. Uno de tales instrumentos está siendo discutido en estos momentos. Es un dispositivo del Estatuto del Niño y del Adolescente que obliga a las radios y televisoras a transmitir programación en horario determinado por clasificación del gobierno. El PTB (Partido Laboral Brasileño) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra ese dispositivo, que está siendo juzgada por el Supremo Tribunal Federal. El Ministro José Dias Toffoli, relator de la materia, manifestó su voto protagonizando uno de aquellos momentos en los que se vislumbra una justicia con la cual – por lo menos yo – soñamos. Algunos puntos del voto del Ministro deben ser resaltados: 

(...) no cabe al Estado, por cualquiera de sus órganos, definir previamente lo que puede o lo que no puede ser dicho por individuos y periodistas. (...) Es propio indagar, entonces: ¿Cómo compatibilizar la defensa del niño y del adolescente contra la exposición a contenidos inapropiados difundidos en diversiones públicas y programas de radio y de televisión con la garantía constitucional de la libertad de expresión? Como ya destaqué, la misma Constitución Federal trajo la solución para la composición de estos valores. (...) A mi modo de ver, la Constitución procuró, en última instancia, otorgar a los padres, como reflejo del ejercicio del poder familiar, el papel de supervisión efectiva sobre el contenido accesible a los hijos, mientras no estén plenamente aptos para convivir con los influjos perjudiciales del medio social. (...) La autorización constitucional es para que la Unión clasifique, informe, indique los grupos de edad y/o horarios no recomendados, y no para que prohíba, vede, o censure. (...) No debe el Poder Público, en el afán de proteger un supuesto bien jurídico mayor, intervenir, censurar, o decir a los padres y a los responsables si determinada programación alcanza o no estándares de moralidad. Sin mencionar que, en este punto, los agentes administrativos del Ministerio de Justicia que realizan la clasificación indicativa son igualmente falibles, tanto como las emisoras. Como ya había indagado Karl Marx, “¿No son iguales las deficiencias nacionales de una prensa libre a las deficiencias nacionales de los censores? 

Y Toffoli termina diciendo que “llegó la hora de que el ciudadano deje de ser tutelado por el estado. (...) Es fundamental que la sociedad atraiga para sí tal atribución, cabiéndole al estado incentivarla en esta toma de decisión, y no domesticarla.” 

Toffoli, así como muchos otros brasileños, no quiere la mano peluda del gobierno, manipulada por ciertas minorías defensoras de ideologías jurásicas, constriñendo la libertad de expresión en instancia alguna. Para eso ya existe la ley mayor, que sólo precisa ser cumplida. 

En un tiempo en el que la única reacción que se presenta ante las manifestaciones de las autoridades es la vergüenza, fui feliz al sentir orgullo del voto del ministro. Finalmente me vi siendo tratado como adulto. 
Pero hay gente que lo aborreció. 

Manténgase alerta. 

Luciano Pires

Traducido al castellano por Walter Casas (waic22@yahoo.com) Clique e recomende